Los magistrados vuelven a rechazar el recurso presentado por la Comunidad de Madrid y añaden una nueva obligación a Díaz Ayuso: la Consejería de Sanidad informará a los jueces, semanalmente y de forma concreta, de las nuevas medidas adoptadas
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a través de un nuevo auto, ha ratificado la petición del Ayuntamiento de Alcorcón de medicalizar las cuatro residencias del municipio, medida establecida el 21 de abril y que la Comunidad de Madrid recurrió, alegando que no existía «inactividad» en estos centros por parte del Gobierno regional.
Una vez más, la resolución emitida por los jueces apremia a la Consejería madrileña de Sanidad para que «proceda de manera inmediata a medicalizar todas o parte de las instalaciones de las cuatro residencias» —la de titularidad pública, Campodón, Amavir y Sanitas—.
De esta manera, el Tribunal madrileño vuelve a fallar a favor de Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón. Desde que comenzó el estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus, De Andrés ha planteado varias peticiones al gobierno regional para implementar medidas que avalaran la salud de los trabajadores y los residentes, colectivo altamente vulnerable a la enfermedad.
LA RESPUESTA DE AYUSO
Al no obtener respuesta, el Ayuntamiento de Alcorcón se vio obligado a recurrir a la vía judicial y, finalmente, su demanda fue amparada por el TSJM. Sin embargo, el abogado regional pidió en un recurso el levantamiento de las medidas impuestas por los jueces, dado que, según el Ejecutivo de Díaz Ayuso, no ha habido «inactividad», tal y como señala el Consistorio local.
Para demostrar que la Comunidad de Madrid ha estado actuando, el letrado regional presentó en el recurso informes de la Consejería de Sanidad que muestran contrataciones de personal sanitario a diferentes centros y el traspaso de material.
Además, en esta apelación, sostiene que el Ayuntamiento de Alcorcón no ha realizado una «reclamación concreta» de las medidas que exigía.
LOS JUECES RECONOCEN LA CLARIDAD DE ALCORCÓN
En esta última sentencia, los magistrados vuelven a recalcar, como ya hicieron en el primer auto, la vulnerabilidad de las personas mayores y con patologías ante la COVID-19. La fragilidad que presenta este colectivo ha sido traducida en los más de 17.000 fallecimientos que se han registrado dentro de estos centros a nivel nacional, alrededor de 7.300 solo en la Comunidad de Madrid.
En cuanto al recurso presentado por el Ejecutivo regional, los jueces desmontan de manera rotunda la acusación de la supuesta falta de concreción por parte del Ayuntamiento alcorconero. Los informes presentados por el Consistorio demuestran que entre el 29 de marzo y el 15 de abril habían fallecido 116 residentes y que el 50% del total de todas las residencias estaba contagiado, por lo que se requería de manera urgente la dotación de personal, material y pruebas diagnósticas por parte de la Comunidad de Madrid.
Además, para demostrar la precisión de las denuncias, los jueces no reparan en plasmar en este último auto una carta íntegra del Ayuntamiento de Alcorcón, con la que, aseguran, queda clara su petición de medicalizar los centros:
“Queremos poner en su conocimiento el empeoramiento evidente en la situación de los centros residenciales de mayores Amavir y Sanitas de nuestra ciudad. Los datos de fallecidos, positivos en covid-19 y sospechosos se están incrementando dramáticamente. Por ello, le instamos de nuevo a que cumpla su competencia en esta materia e intervengan urgentemente medicalizando todos los centros de mayores de nuestra ciudad”.
Asimismo, el TSJM no solo secunda la transparencia de la solicitud escrita por Natalia de Andrés y de su concejala de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública, Victoria Meléndez, sino que también pone de manifiesto la falta de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid, pese a que la Consejería de Sanidad era perfectamente conocedora de la petición del municipio.
NUEVA OBLIGACIÓN PARA EL EJECUTIVO REGIONAL
Por lo tanto, los jueces mantienen la medida cautelarísima impuesta el 21 de abril a la Comunidad de Madrid de medicalizar los cuatro centros de mayores de la localidad y dotarlos de personal sanitario “prestando in situ la asistencia sanitaria adecuada a cada uno de los residentes contagiados-positivos asintomáticos o enfermos por covid-19”.
Además, a partir de ahora, la Consejería madrileña de Sanidad está obligada, por orden de los magistrados, a informar cada semana “de las medidas concretas adoptadas para cumplir lo acordado en este auto”.
